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Análisis de la situación en Chile

Iván Lizana Mc Millan *

Probablemente a muchos les sorprendió ver las imágenes y noticias que han llegado desde Chile hacia el mundo en las últimas semanas. Para algunos resulta imprevisto y hasta inverosímil ver al "oasis de Latinoamérica" (en palabras del presidente Piñera) con miles de personas en las calles manifestándose y el centro de Santiago ardiendo en llamas. Para otros, puede resultar algo absolutamente desconocido, considerando que nos encontramos en uno de los países más australes del mundo, sitiado por la Cordillera de Los Andes y la inmensidad del Océano Pacífico.

Contrariamente, para muchos chilenos y chilenas la sorpresa radica más en la forma y masividad del llamado estallido, más que en la crisis social y política que nos encontramos viviendo por estos días. Es cierto, probablemente Chile ha sido uno de los países más estables de Latinoamérica en cuanto a sus política y economía, sin embargo, la imagen proyectada por el país en las últimas décadas ha supuesto esconder y soslayar una realidad tan dolorosa como indignante; problemas que han sido advertidos durante años por investigadores/as de diversas disciplinas, pero barridas bajo la alfombra por la elite político-empresarial. Es por esto que en la presente columna hablo más desde el enojo y la rabia frente a quienes han gobernado Chile y frente a un modelo económico impuesto a sangre y fuego durante la dictadura, pero también desde la esperanza de ver nacer un nuevo paradigma.

Adhiriendo al análisis realizado por diversos cientistas sociales y analistas políticos, las claves para comprender los sucesos que han acaecido en Chile, a grandes rasgos, se encuentran en tres ejes principales: (1) aumento de los costos de vida; (2) desigualdad social y económica; (3) deslegitimación de la institucionalidad política. También me referiré a un cuarto elemento, que bajo mi opinión identifico como el elemento responsable de la extensión del estallido social, a saber, la falta de manejo político del gobierno y la militarización de la protesta social.

A comienzos de octubre el panel de expertos encargados de revisar las tarifas del Metro de Santiago determinó una nueva alza en la tarifa del metro el cual recibe a cerca de 1 millón de pasajeros diarios, alcanzando el valor de CL$830 en hora punta (US$1,19 aproximadamente), razón que motivó a los estudiantes secundarios a protestar mediante las evasiones masivas. No obstante, a diferencia de la primera impresión que pudo haber generado este movimiento la frase "no son 30 pesos, son 30 años" es aquella que mejor resume las causas de lo que hoy se vive. La nueva alza del Metro fue solamente la gota que rebalsó el vaso. Junto con dicha tarifa también podemos encontrar alzas en la tarifa del transporte público en general, aumentos en la electricidad y combustibles. Por otra parte, se puede destacar el alto costo de las viviendas, educación, salud, medicinas, entre otros. Con el fin de poner en contexto esto, sólo debemos pensar que casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras chilenas perciben un sueldo igual o inferior a $400.000, vale decir, US$550 mensuales, lo cual ha dado paso a un endeudamiento brutal de las familias de clase baja y media, con el fin de costear aquellos elementos básicos para el buen vivir en las ciudades. Todo esto ha sido avalado de manera activa por las elites gobernantes, quienes a lo largo de las últimas décadas han realizado nulos intentos por intentar comprender y subsanar la situación que se venía gestando.

En segundo lugar, la desigualdad social y económica que caracteriza a la sociedad chilena es referida por los especialistas como un factor fundamental para gatillar la actual situación. Sólo por aportar algunos datos, acorde al Banco Mundial Chile destaca por ser uno de los países más desiguales del mundo de acuerdo al índice Gini. Esto es aún más dramático si se considera la brecha de ingresos entre los más ricos y aquellos más pobres, la que alcanza una diferencia de casi 39 veces, junto con que el 1% más rico concentra el 25% de la riqueza generada por el país. No obstante, las desigualdades en Chile no se remiten sólo a lo económico, también encontramos una serie de discriminaciones e inequidades en la vida cotidiana tales como la segregación social y espacial -especialmente en Santiago-; accesos diferenciados a la educación secundaria y universitaria de calidad; salud de distinta calidad de acuerdo a los ingresos; desigualdades en la accesibilidad a áreas verdes; lugares de pobreza destinados a actividades altamente contaminantes (llamadas "zonas de sacrificio", Quintero y Puchuncaví son las más icónicas); grandes grupos empresariales abusando de los derechos privados del agua; entre una lista interminable de ejemplos que hicieron cortar el elástico que tanto se venía estirando.

La tercera clave a comprender consiste en la grave y profunda deslegitimación de la institucionalidad política que ha socavado las bases del sistema democrático. En los últimos 5 años, la ciudadanía ha presenciado pasivamente diversos casos de corrupción protagonizados por líderes de partidos políticos y parlamentarios de las dos grandes coaliciones políticas del país. A esto último es posible sumar la creciente desconfianza en el actuar de los políticos, la cual se ha visto concretada en que los diversos poderes del Estado no superan el 15% de confianza por parte de la ciudadanía, y en la paupérrima participación política de la población (por ejemplo, Piñera fue electo con el apoyo del 25% del país). Por otro lado, la Constitución Política de 1980, impuesta en plena dictadura militar, es cada vez menos atingente al contexto nacional actual, convirtiéndose crecientemente en un texto sin validez ni legitimidad popular. A pesar de que se han dado ciertos pasos forzados para mitigar el efecto de estos factores -Ley del Lobby y Transparencia, fin del sistema binominal, entre otros-, esto no ha sido suficiente para evitar los abusos cometidos por las elites empresariales y políticas, ni para recuperar la confianza de los ciudadanos, razón por la cual los caminos institucionales hoy cuentan con baja o nula capacidad de poder representar y guiar las demandas emergentes, lo cual abre diversas interrogantes e incertezas para la eventual salida que tendrá el conflicto.

Finalmente, en mi opinión el elemento inmediato que otorga masividad al movimiento social se encuentra en la ineptitud del gobierno actual para prever y acoger los hechos que se encontraban en desarrollo. Si hacemos un repaso cronológico de los eventos que pusieron las flores en la tumba del gobierno, podemos encontrar declaraciones insignes de ministros y subsecretarios mofándose de la población ("A quien madrugue se le ayudará con una tarifa más baja"); luego, en el nacimiento de las manifestaciones, el presidente dándose licencias para salir a comer pizza; posteriormente, cuando la crisis llegaba a su punto máximo Piñera, en cadena nacional, declaraba la guerra a la población e insistía en instalar un discurso criminalizador hacia los manifestantes, lo cual constituye una tremenda torpeza política y comunicacional. La guinda de la torta se encuentra en el decreto de Estado de Emergencia y la militarización de las calles, donde los uniformados no solo se hicieron parte del resguardo de supermercados y estaciones de metro, sino que también participaron de la represión de manifestaciones, resultando en imágenes que quedaran marcadas en los libros de historia del país: militares con sus tanquetas y armas de guerra en Plaza Baquedano (la principal plaza céntrica de la capital) y en plena Avenida Apoquindo, la puerta de entrada al barrio alto de Santiago y centro financiero del país. Además, es preciso mencionar y recordar a las cerca de 15 personas muertas a manos de agentes del Estado, y todos/as aquellos/as que sufrieron violaciones a sus Derechos Humanos.

A modo de conclusión, en la presente columna no se trata de ser negativo, ciertamente Chile ha tenido avances en reducir los niveles de pobreza, en dar estabilidad política, en atraer inversión extranjera con el fin de modernizar la infraestructura y los servicios. Es innegable, del mismo modo, que en los últimos 20 años se han dado pasos importantes en intentar aumentar la cobertura del Estado en diversos ítems. No obstante, el problema radica en los fundamentos ideológicos y económicos del sistema neoliberal que hoy nos gobierna, como también en el actuar de las clases gobernantes. La crisis sorpresiva que hoy nos pega en Chile es una oportunidad para replantearnos el modo de vida que queremos seguir, nos interpela a cambiar nuestros estilos, a desmitificar hechos que parecían inmutables y, sobre todo, a buscar cómo crear una sociedad cada vez más justa, igualitaria y cohesionada.

* Iván Lizana Mc Millan – Sociólogo.



Publicado: noviembre 2019

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