Tres gobiernos sin responder a la crisis de hambre y pobreza
Este modelo económico está en crisis porque beneficia a los empresarios extranjeros y nacionales que pagan salarios miserables, especulan porque nadie pone freno a sus ganancias ni les obligan a pagar impuestos proporcionales a la dimensión de las riquezas que obtienen.
Con la administración de Álvaro Colom suman ya tres gobiernos con quienes Plataforma Agraria ha intentado establecer diálogos para que asignen fondos a las economías campesinas y detener los procesos de empobrecimiento de familias rurales. Tanto Portillo como Berger pusieron parches a las demandas de Plataforma Agraria y Colom lleva un año sin escuchar estas propuestas que podrían contribuir a enfrentar la crisis alimentaria.
Desde años atrás, los programas públicos que se ejecutan en las áreas rurales están orientados a fomentar la inversión privada, alentar el turismo, extender la industria minera y tolerar la concentración de la tierra para grandes exportadores.
Tampoco las explotaciones de metales y petróleo, la producción de cemento, la construcción de grandes hidroeléctricas, las millonarias exportaciones de azúcar y café, así como el mercado de tierras han logrado disminuir el número de mujeres y hombres pobres. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas continuamos excluidos del desarrollo y de la toma de decisiones, a pesar de nuestras múltiples experiencias de participación.
El resultado de consultas populares realizadas en 30 municipios no se ha tomado en cuenta, a pesar de su carácter democrático y participativo, tampoco se han atendido nuestras demandas vinculadas a la tierra y territorio ni se ha dado solución a la conflictividad agraria.
Este modelo económico está en crisis porque beneficia a los empresarios extranjeros y nacionales que pagan salarios miserables, especulan porque nadie pone freno a sus ganancias ni les obligan a pagar impuestos proporcionales a la dimensión de las riquezas que obtienen. En tanto la agricultura campesina carece de inversión pública, asistencia para el desarrollo y ha sido castigada con barreras comerciales e impuestos.
Los gobiernos no pueden seguir ignorando las demandas de las organizaciones dándonos migajas, los mismos programas para todos cuando tenemos diferentes realidades y condiciones territoriales, ignorando acuerdos y compromisos establecidos con sus antecesores ni endeudarnos con créditos.
La crisis económica actual y el aumento en los precios de los alimentos requieren que el gobierno de Colom ponga en marcha programas que permitan afrontar la emergencia. Esto significa reorientar el gasto público y asignar un presupuesto que refleje el compromiso del Estado con la población rural vulnerable.
Con base a la experiencia acumulada de Plataforma Agraria exigimos:
Ejecutar los programa de Arrendamiento solidario y Traje a la medida que consisten en proporcionar recursos monetarios no reembolsables para trabajadores agrícolas sin tierra o con poca tierra, y a micro, pequeños y medianos productores, así como Empresas Campesinas Asociativas, respectivamente. Tales recursos beneficiarán a 39 mil 855 familias que podrán invertirlos de manera flexible y destinarlos para aumentar su producción de granos básicos y sus actividades comerciales con el fin de garantizar su seguridad alimentaria y el aumento de ingresos monetarios.
Atender la demanda de Acceso a tierra para 38 grupos en situación de vulnerabilidad ubicados en San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Santa Rosa y Zacapa, con un enfoque social y sin la generación de deudas.
La resolución inmediata de 8 conflictos agrarios y laborales ubicados en San Marcos, Quiché y Quetzaltenango.
Que el consejo directivo del Fondo de Tierras emita dictamen de condonación de deuda de 25 casos (9 de arrendamiento y 16 por compra de fincas).
Condonar la Deuda de Oriente e iniciar un proceso de reactivación económica y una política crediticia alternativa para siete mil personas de la región Chorti.
Declarar lesivas las solicitudes así como las licencias otorgadas para el reconocimiento, exploración y explotación minera química de metales, así como para la construcción de grandes hidroeléctricas. Que el Estado respete y cumpla la decisión de las comunidades recogida en las 30 consultas comunitarias y en otras manifestaciones de rechazo.
Despenalizar los procesos de resolución de conflictos y dejar sin efecto las órdenes de captura y desalojo contra lideresas y líderes de las comunidades que luchan por sus derechos.
Guatemala, 13 de enero de 2009
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