Ecuador: La justicia indígena desata un conflicto con la ordinaria
Políticas Públicas, Quito, 25 de mayo (AFP).- La aplicación de la "justicia indígena" en Ecuador, avalada por la nueva Constitución abrió un conflicto con la ordinaria luego de que un presunto asesino sentenciado a muerte se salvara ante advertencias de que en el país no existe esa pena.
Las autoridades de diversos sectores como la Fiscalía han planteado fijar reglas para la "justicia indígena", que ha protagonizado diversos incidentes como cuando un supuesto delincuente sobrevivió tras ser quemado vivo en 2009. "Habrá que reglamentarla", admitió el sábado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien apuntó que "en este país no hay pena de muerte, no se puede secuestrar personas, no es aceptada la tortura como forma de sanción".
El domingo un supuesto criminal se salvó de la horca y fue latigueado en público, obligado a cargar un pesado saco de tierra y, atado a maderos, azotado con ortiga y bañado en agua fría en medio del páramo antes de ser entregado a sus familiares. El suceso ocurrió en la comunicad de La Cocha, en la población de Zumbahua (90 km al sur de Quito), el individuo fue acusado de asesinato y sólo las advertencias del gobierno impidieron que fuera sentenciado a muerte.
La justicia indígena figura en la Carta Magna en vigencia desde 2008 y permite a los líderes ejercer funciones jurisdiccionales sobre la base de tradiciones ancestrales y derechos propios, mientras que el Estado garantiza que esas decisiones sean respetadas. Sin embargo, precisa que los procedimientos para la solución de conflictos internos entre los indígenas no serán contrarios a la Constitución, promovida por el mandatario socialista, y a los derechos humanos.
"Aunque diga lo que diga, con o sin la Constitución, mantendremos la justicia indígena y jamás vamos a dejar eso porque ha sido un proceso de cientos de años", expresó Ricardo Chaluisa, líder de la comunidad La Cocha (en la población de Zumbahua, 90 km al sur de Quito) en que se produjo el caso. Previamente Correa dijo que "la justicia indígena no puede ir contra los derechos humanos, tortura no es justicia, y peor lo que querían hacer: pena de muerte".
Añadió que "aquí hay un orden jurídico único. Nuestra Constitución permite, reconoce la justicia indígena en todo lo que no atente contra derechos humanos y el propio orden constitucional".
Correa, que considera como su "segunda tierra" a Zumbahua -donde en su juventud vivió un año como voluntario salesiano y aprendió el idioma kichwa-, puso de ejemplo que una persona acusada de hurto en una comunidad indígena en vez de ir a prisión puede ser castigada con trabajo comunitario.
Después de que fuera perdonado el presunto asesino, Chaluisa manifestó que "nosotros respetamos la cosmovisión indígena y la cosmovisión occidental. Es por eso que estamos seguros que no debemos violar la ley". Dentro del mismo hecho, cuatro acusados de ser cómplices del crimen ya fueron flagelados con látigo y ortiga hace una semana en La Cocha, a donde los nativos impidieron a la fuerza el ingreso del fiscal ecuatoriano, Washington Pesántez.
En Bolivia también se han registrado una serie de ajusticiamientos callejeros como en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, donde en 2009 se contabilizaron 15 linchamientos, según la Policía. En ese país, la justicia comunitaria está reconocida en la nueva Constitución, pero el poder Ejecutivo es enfático en indicar que esta modalidad no es sinónimo de matanza.
El gobierno boliviano planea una Ley de Deslinde para establecer que la "justicia comunitaria" sólo se aplique en poblados indígenas, con autoridades propias y legalmente reconocidas, mientras que la justicia barrial será considerada delito.
Indígenas latiguean a presunto asesino que sentenciaron a muerte en Ecuador.- Una comunidad indígena de Ecuador latigueó en público a un joven aborigen al que hace una semana había sentenciado a muerte al ser juzgado por ahorcar a otro, informó el lunes la prensa ecuatoriana.
El caso, que se registró en el centro de la sierra andina y por el que cuatro acusados de ser cómplices del crimen ya fueron azotados hace una semana, se desarrolló dentro de la denominada "justicia indígena" contemplada en la Carta Magna ecuatoriana, la cual empero establece que no será contraria a las leyes.
El presunto asesino, identificado como Orlando Quishpe, permaneció retenido desde el 9 de mayo en la comunidad La Cocha, en la población de Zumbahua (90 km al sur de Quito), acusado de matar a Marco Olivo, de 21 años. Tras advertencias de las autoridades sobre la gravedad del primer dictamen, de ahorcar a Quishpe, los dirigentes de La Cocha deliberaron otra vez el domingo y resolvieron desnudarlo para flagelarle en público con 15 latigazos.
Además le obligaron a cargar un pesado saco de tierra y atado a maderos fue azotado con ortiga y bañado en agua fría en medio del páramo antes de ser entregado a sus familiares. "Pido al pueblo que me disculpe, pero yo nunca he matado a nadie", afirmó el castigado a través de un altavoz.
El acto de justicia por mano propia, dentro del cual el acusado deberá cumplir trabajos comunitarios durante cinco años, incluyó la quema de la ropa que llevaba Quishpe cuando supuestamente cometió el asesinato y que lo identificada como rockero, según los dirigentes. En Ecuador se han registrado otros casos de "justicia indígena", en uno de los cuales un supuesto delincuente sobrevivió tras ser quemado vivo en 2009.
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