La ONU pide a El Salvador eliminar penalización absoluta del aborto
He puesto en negritas sobre lo que quiero dar respuesta y crear debate público e inteligente, propositivo, haciendo el llamado a otras organizaciones a publicar sus posiciones y dar respuesta.
- A nivel nacional y regional debe de ponerse en agenda el tema del aborto, debemos debatir, discutir y intercambiar posiciones sobre este polémico tema, cuyo resultado de no hacerlo es que más mujeres pierden la vida por no poder decidir sobre su cuerpo.
- Somos la organizaciones civiles las que más debemos trabajar en la toma de conciencia de la población para que respete el derecho que tienen las mujeres de decidir sobre el aborto.
- Debemos de hacerle propuestas al estado para derogar esa ley, basándonos en posiciones científicas, reales y vivenciales.
- Sobre la firma del libro contra el aborto me parece una doble moral e hipocresía que lo hagan los legisladores, legisladoras, políticas y políticos, en este espacio hemos combatido y respondido las posiciones de la señora. Cardenal, por su posición contra los derechos de las mujeres y su derecho a decidir.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que se modifiquen las disposiciones del Código Penal que criminalizan el aborto en todas sus formas y pidió, además, que se derogue -o enmiende- la Ley de Amnistía y que el Estado impulse "activamente" investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad.
Daniel Valencia
elfaro.net / Publicado el 28 de Octubre de 2010
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió este jueves a El Salvador que despenalice el aborto y que deje de perseguir judicialmente a las mujeres que interrumpen su embarazo.
"El Salvador debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a los hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto", reza el texto del Comité.
Actualmente, el Código Penal salvadoreño castiga con penas de entre 2 y 8 años "a aquel que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare".
En teoría, en El Salvador no se puede hacer ningún tipo de aborto, ni siquiera el terapéutico o uno en el que se aleguen razones éticas, como en los embarazos producto de violación. Incluso hay casos en los que una mujer que alega haber sufrido un aborto espontáneo es procesada por las autoridades.
La Asamblea Legislativa reformó en 1997 la Constitución de la República, para establecer que se entiende la existencia de un ser humano desde el momento de la concepción.
Para el organismo, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El Salvador debe adaptar su legislación a dicha norma internacional en lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que, por ejemplo, se viola la presunción de inocencia al considerar delito cualquier tipo de aborto.
La resolución del Comité ocurre dos meses después de que el presidente Mauricio Funes declarara públicamente que la promoción de la despenalización del aborto no es un tema que estuviera en su agenda gubernamental. "Yo no he dado ninguna orden para la revisión de dicha ley. La Asamblea debe revisar las leyes", dijo Funes el 25 de agosto pasado, desacreditando la posición que la directora del Instituto de la Mujer (Isdemu), Julia Evelyn Martínez, quien expresó el compromiso de El Salvador por revisar dicha legislación en el Consenso de Brasilia, celebrado en julio de este año.
El pleito en el gobierno de Funes por la declaración desautorizada de la directora del Isdemu levantó un debate entre las organizaciones conservadoras, apoyadas por la iglesia católica, que defienden la penalización absoluta del aborto, y las organizaciones feministas que exigen una revisión de la normativa. En la Asamblea Legislativa, sin embargo, ningún partido político exigió nada al respecto, pese a la controversia.
El último suceso referido al tema en el parlamento ocurrió en las vísperas de las elecciones presidenciales, cuando la Fundación Sí a la Vida (en contra del aborto) consiguió que todos los partidos políticos, incluidos los diputados del FMLN y el actual vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, firmaran un libro en el que se plasmaba un "compromiso por la vida".
Siempre en temas relativos a la integridad de las mujeres, el Comité denunció "la persistencia de estereotipos y prejuicios sobre el rol de la mujer en la sociedad", que permite que, en la práctica, se registren altos niveles de violencia física y sexual contra las mujeres.
"El Estado debe investigar con todos los medios a su alcance los hechos de violencia contra la mujer, y especialmente esclarecer los casos de asesinatos de mujeres, identificando a los responsables, enjuiciándoles e imponiéndoles sanciones apropiadas", plantea la resolución.
Contra Ley de Amnistía
En la resolución del Comité de Derechos Humanos también hay un apartado que recomienda al Estado derogar o enmendar la ley de Amnistía para que se investiguen los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), como el homicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
"El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto.
El Estado debe impulsar activamente las investigaciones sobre todas las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, entre los cuales se destaca el asesinato de monseñor Oscar Romero", dijo el comité, que dio una conferencia de prensa en Ginebra.
El Salvador ha desatendido reiteradamente las recomendaciones similares que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que el Estado ha violado el derecho a la justicia y ha promovido la impunidad al mantener la vigencia de la Ley de Amnistía de 1993.
La ONU, además, pidió una revisión referente a las detenciones provisionales, que bajo la autoridad policial pueden extenderse hasta 72 horas, más otros tres días por decisión judicial.
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